En un giro dramático dentro del planeta empresarial, la entidad de capital privado JZ International ha acentuado sus acciones legales contra los creadores de Gedesco, una empresa especializada en la financiación de pequeñas y medianas compañíasundefined ), acusándolos de malversación de fondos para beneficio personal. Esta acusación se enfoca en Antonio Aynat y Francisco Javier García Escrivá, creadores de Gedesco, tal como en los exejecutivos del fondo de inversión Miguel Rueda y Ole Groth, quienes han tomado las riendas de la gestión de la firma valenciana después de que JZI adquiriese el 675% de sus acciones en 2007. Este conflicto legal, que se originó en marzo de 2022 con una querella en Novedosa York contra Rueda y Groth por desviar supuestamente 80 millones de euros a Stator Management, una entidad estrechamente enlazada a ellos, ha escalado con la presentación de una nueva querella en Valencia por una pluralidad de delitos introduciendo administración desleal y estafa.
Esta segunda querella, que también supone a José Luis Villafranca, de hoy integrante del consejo de Gedesco, y a tres empresas bajo la propiedad de los acusados, se basa en acusaciones de usar la composición de Gedesco en Recursos adicionales beneficio propio y de tapar el ejercicio de los derechos de JZI como accionista mayoritario. La demanda detalla cómo, a pesar de la disfunción del Consejo de Administración de Gedesco por falta de miembros, los acusados prosiguieron tomando decisiones esenciales, bloqueando ciertamente a JZI de formar parte en la gestión de la empresa. Las peticiones de JZI para convocar a la Junta de Accionistas y cesar a estos ejecutivos fueron de manera sistemática frustradas, con la junta suspendida en siete oportunidades.
Este enfrentamiento no solo se prolonga por 2 jurisdicciones, con pleitos tanto en USA como en España, sino también revela una trama compleja de disputas legales que incluye acusaciones contra los socios creadores de JZ International por otros frentes judiciales en España relacionados con la financiación de la fallida compañía de seguridad Ombuds. La decisión de un juez en La capital de españa de mover uno de estos casos a Valencia y el posterior fichero de la causa por carecer de rastros de delito añade otra cubierta a este entramado legal.
Esta situación ilustra no solo las complejidades de las relaciones entre inversores y directivos en el planeta corporativo, sino asimismo las adversidades inherentes a la resolución de discusiones transfronterizas en el campo del derecho empresarial. La situación en Gedesco expone los retos que combaten los inversores para proteger sus intereses y la relevancia de una administración transparente y ética en las compañías..